FEMINICIDIO en Toluca, Río Lerma

Un gobernante que ya se va a......

Por Eduardo Alonso

A seis años de que tres millones de mexiquenses confiaron en el priista Eruviel Ávila Villegas y le otorgaron su voto para convertirlo en gobernador del Estado de México, el balance político es positivo a secas para el Doctor en Derecho, pues aunque todavía no concluye el proceso electoral todo parece indicar que entregará la estafeta a su correligionario de partido Alfredo Del Mazo Maza, nieto e hijo de dos ex gobernadores de la entidad.

Es así como la evaluación electoral es “satisfactoria” para la clase priista estatal gobernante, porque “haya sido como haya sido” dirían los panistas, seguirán siendo gobierno pese a que casi dos terceras partes de los 6 millones 80 mil 214 electores que sí acudió a las urnas, pensó que el PRI encarnado en Alfredo Del Mazo, no era la mejor opción para seguir administrando el Gobierno del Estado de México.

Pero como 2 millones 40 mil 709 mexiquenses que participaron en la elección, consideró lo contrario y sufragó a favor del avecindado de Huixquilucan, muy probablemente a partir del 16 de septiembre de 2017, estará laborando en la principal oficina de Palacio de Gobierno estatal ubicada en Toluca.

El resultado no evidencia un distanciamiento entre el PRI gobierno y la población, pero cuando se precisa que entre el primer y segundo lugar hay una diferencia de 2.78 por ciento de votos, se confirma el rechazo o ineficacia de las políticas públicas y planes de gobierno implementados por el mandatario Ávila Villegas.

Los datos duros de la elección para el actual gobernador mexiquense son preocupantes, ya que de los 11 millones 320 mil 111 ciudadanos que estaban convocados a las urnas, solamente 33.56 por ciento votó por su compañero de partido Alfredo Del Mazo, el resto de mexiquenses con credencial activa del INE, lo rechazó al sufragar por otra opción política o simplemente no atender el llamado a votar.

Lo anterior tiene una explicación, quizás, porque de acuerdo a indicadores oficiales, rubros como seguridad, pobreza, educación, salud, desempleo, corrupción, entre otros, no mostraron una disminución o en su caso avance sustancial.

Percepción compartida por alrededor de un millón de mexiquenses que dio la espalda al PRI y programas de gobierno implementados a lo largo del mandato de Ávila Villegas, político que hace seis años ganó la elección con 3 millones de votos y hoy Alfredo Del Mazo se perfila a la silla de gobernador con poco más de 2 millones de votos (Delfina Gómez Álvarez de MORENA consiguió 1 millón 871 mil 542).

Revisar el desempeño del gobernador no es sencillo, no sólo porque tiene la encomienda de administrar a la entidad más poblada del país, 17.3 millones de personas, sino porque  su contraparte, Poder Legislativo, registra mayoría priista, compañeros de causa tricolor que nunca han tenido, ni tendrán el ánimo de hacer alguna observación, comentario o crítica al trabajo de Ávila Villegas, aunque sus acciones sean equivocadas, ineficaces y en algunas ocasiones contrarias al interés de la mayoría de la población.

Al tomar las riendas de la administración estatal en septiembre 2011, Eruviel Ávila Villegas cerró ese año con 86,262 actos delictivos denunciados (en sus primeros cuatro meses de mandato); para el año siguiente, 2012, el indicador delictivo se colocó en 269,116; para el 2013 la cifra de delitos fue la más elevada de toda la historia de la entidad, 272,996 carpetas de investigación iniciadas por el igual número de ilícitos.

Para 2014 los delitos disminuyeron a 240,833; el 2015 se puede considerar como el año en que Eruviel Ávila logró dormir relativamente con tranquilidad, ya que se registró una cifra menor respecto años anteriores, se iniciaron 202,205 expedientes por igual número de eventos delictivos; al año siguiente el índice se volvió a incrementar al acumularse 221,760 carpetas de investigación.

En tanto que en el presente año el número de eventos delictivos denunciados hasta el pasado mes mayo, suma 110,941.

La gestión de Eruviel Ávila Villegas terminará con más de 1.3 millones de delitos registrados y denunciados ante los ministerios públicos del fuero común, indicadores delictivos que no pudo frenar el gobernador que ya se va muy probablemente a formar parte del PRI nacional o gobierno federal, aunque algunos actores del grupo Atlacomulco lo quiere muy lejos de la toma de decisiones porque gracias a su pésimo desempeño como gobernante, su permanencia en el poder estuvo en grave riesgo.

El artista Luis Palomares

Por Eduardo Alonso 
A sus 80 años de edad el artista michoacano, Luis Palomares, confiesa que su más reciente obra compilada en la serie denominada “Sicosis: alucinaciones, sueños y fantasías”, rompe con todos los cánones y formalismos que exige la disciplina técnica de la pintura y trata de inspeccionar lo que él mismo asegura es la búsqueda intelectual de su “otro yo”, sobreponiendo el sentimiento a la razón.

“Emocionado de los resultados que me abren las puertas de un campo desconocido que cada vez me introduce mas en el terreno de la creación”, refiere un texto del mismo artista Palomares en relación a la muestra de su obra que pasó por el recinto universitario Casa de las Diligencias, ubicada en el primer cuadro de la ciudad de Toluca.

Títulos como “La paz amenazada”, “Instantánea”, “Tauro”, Trilogía del horror”, “Bazar”, “Surrealismo”, “Pánico” y “Jauría”, entre otras pinturas realizadas con la técnica de acrílico sobre tela, narran “realidades” que pasan por la mente del autor en su otro yo.

Donde los trazos desdibujan siluetas de rostros, animales, figuras, formas de todo tipo que parecieran ser confusas, pero con un alto fondo temático que mueve al sentimiento, incomprensión y análisis de cada detalle de la obra.

Con 65 años de trayectoria a su espalda, el maestro Luis Palomares, oriundo  del estado de Michoacán, sigue ejerciendo su arte.

Una vez que egresó de la Escuela Popular de Bellas Artes de Morelia, en aquel entonces el joven Palomares, optó por consolidar la técnica de su arte –de 1950 a 1954-- en la Escuela Nacional de Artes Plásticas Universidad Nacional Autónoma de México (Academia de San Carlos).

A su salida de las aulas universitarias como alumno, Luis Palomares, produjo una gran cantidad de obras y de forma simultánea se incorporó como trabajador “creativo” a la Secretaria de Educación Pública (SEP) y en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), fue profesor de dibujo por más de 30 años, refiere su biografía.

5 años de justicia oral en Edomex

* 9 de 10 asuntos concluyen con acuerdo reparatorio  y proceso abreviado

* MP ya no puede acusar y a la vez acreditar sus mismas pruebas: BDC

*En 20 años podría dejar de operar sistema tradicional penal, PGJEM tiene miles de órdenes pendientes por resolver

Por Eduardo  Alonso

A cinco años de operar el sistema de justicia penal basado en la oralidad el Poder Judicial mexiquense asegura que está funcionando de forma adecuada y conforme a lo previsto, ya que del total de delitos procesados un 26%  de las carpetas de investigación relacionadas con ilícitos no graves, han concluido  con acuerdos reparatorios; 59% terminó mediante procedimiento abreviado; sólo 10% llegó a la última fase y registró, en algunos casos, sentencias de hasta 60 años de prisión por secuestro, violación, homicidio  doloso y  feminicidio; mientras 5% entró en fase de suspensión condicional.

El 18 de junio del 2008 en los juzgados del Distrito Judicial de Toluca inició la justicia rápida, transparente y de calidad, según las mismas autoridades del Poder Judicial, aunque dichas virtudes no han estado permeando a la sociedad por lo que jueces y magistrados han pedido a la población asistir a las salas de audiencia para que observen como hoy se imparte justicia.

Para el magistrado Baruch Delgado Carbajal, presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJEM) y del Consejo de la Judicatura del Estado de México, el “nuevo” sistema  va por buen camino ya que de cada cien asuntos 90 han sido concluidos a través de procedimientos abreviados y acuerdos reparatorios.

Consideró que otra ventaja del sistema ha consistido en que el titular del Ministerio Público ya no interviene acusando y a su vez acreditando pruebas que el mismo recababa en los procesos del sistema tradicional, pues hoy esa labor la hace un Juez de Control del Poder Judicial que se constituye como un ente imparcial, precisó.

“La gran diferencia del sistema acusatorio penal oral con el sistema tradicional, es que en este último se desahogaban pruebas ante el Ministerio Público y tenían validez pese a que el MP no es un órgano neutral. Hoy, al Ministerio Público le corresponde acusar y acreditar datos de prueba que va a llevar después ante el juez”, explicó.

Añadió que “las pruebas que tienen eficacia para condenar o absolver a una persona, son las que se desahogan de forma oral ante un juez, en audiencia pública, en presencia de la víctima, acusado y defensores de ambas partes. Esta es la gran reforma”, subrayó Baruch Delgado Carbajal.

Datos del Poder Judicial precisan que 26% del total de carpetas de investigación  --antes denuncias--  concluyeron con acuerdo reparatorio, luego de que el acusado se comprometió  a pagar el daño causado; en tanto 59% terminó mediante procedimiento abreviado, donde el delincuente reconoció el hecho, admitió culpa y pagó lo afecto-daños, ello permitió al Juez tener la posibilidad de aplicar la pena mínima.

Alrededor del 10% de los casos, precisa la estadística oficial, llegó a la última fase del sistema oral donde se registraron sentencias duras de hasta 60 años de prisión; mientras 5% entró en fase de suspensión condicional, lo que implica que al paso de uno o hasta tres años, si se cumplen ciertos compromisos, la persona acusada pueda aspirar  a la anulación del caso.

  

“Uno de los aspectos esenciales de esta reforma es que se privilegia la aplicación de los mecanismos alternativos de solución de controversias. Con varias figuras jurídicas que se prevén para el nuevo sistema de justicia penal: los acuerdos reparatorios, es un aspecto fundamental, otro es el principio de oportunidad (para solucionar conflictos en las instalaciones de la misma Procuraduría) que tiene el agente del ministerio público”, comentó.

Asimismo precisó que los acuerdos reparatorios pueden aplicarse en delitos no graves, escenario donde el principio de oportunidad del MP, es fundamental para concluir el caso en una primera instancia.

“Es un mecanismo que le permite al MP atender el gran grueso de los delitos menores de lesiones, así como de afectaciones patrimoniales menores”, dijo.

El titular del Tribunal Judicial Baruch Delgado, acotó que aunque un gran porcentaje de las denuncias deben quedar en la sede del MP, cuando esto no sucede y se judicializa el asunto-delito ante algún Juzgado de Control, el Código de Procedimientos Penales establece la salida del acuerdo reparatorio como una primea posibilidad para que el imputado y la víctima del delito, puedan conciliar sus intereses, sobre todo en los  ilícitos de querella y de daño patrimonial.

No así, puntualizó el magistrado, en delitos de homicidio doloso, secuestro, violación o aquellos  cometidos con violencia y con armas en general, ya que en automático llegan a Juzgados de Control.

Aunque cuando alguno de los involucrados-delincuente se acoge a un procedimiento abreviado (admite culpa el imputado) puede caber la posibilidad de otorgar una pena mínima, precisó el magistrado.

“Es un proceso que está perfectamente establecido para que en pocos días se dicte una sentencia:

cuando el imputado reconoce su participación en los hechos y ese reconocimiento esta compaginado o coincide con el cumulo –acusaciones-- de estas circunstancias, ahí sin mayor investigación puede motivarse que se dé una sentencia, un falló”, destacó.

El magistrado Baruch Delgado subrayó que el sistema tiene un gran número de beneficios y recordó que su puesta en marcha  fue por etapas y en estos momentos el sistema es operado por 120 Jueces de Control Oral que se desempeñan en los 18 Distritos Judiciales del Estado de México.

Actuación de los impartidores de justicia que se registra de forma paralela al trabajo de 30 jueces que siguen operando el sistema “tradicional”, el cual podría dejar de funcionar dentro 20 años, ya que hay órdenes de aprehensión pendientes que no han fenecido y la Procuraduría no ha ejecutado.


infografía: Tomás Benítez